jueves, 27 de agosto de 2009

Excelsior
26-Ago-2009

Tiempo de Negocios

Darío Celis

Le cae su Atenco al GDF de Marcelo Ebrard por tierras de la Línea 12 del Metro


Al gobierno de Marcelo Ebrard le puede estallar su Atenco con la famosa Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, mejor conocido como Metro.

¿El motivo?, las bajas indemnizaciones de 174 hectáreas a ejidatarios y pequeños propietarios en seis delegaciones. La administración capitalina pagó 140 pesos el metro cuadrado, cuando su valor comercial es hasta de mil pesos.

A un año de que se expropiaran las tierras para construir la llamada Línea Dorada, todavía hay 25 propietarios de 57 hectáreas amparados por la juez segunda de Distrito en Materia Administrativa, Ana Luisa Mendoza.

Los titulares de esas tierras ocupan la superficie donde precisamente el gobierno de la ciudad se supone que levantará la terminal Tláhuac, los talleres y el Centro de Transferencia Modal, tres componentes básicos del proyecto.

Actualmente, las huestes de Ebrard han erogado mil millones de pesos, vía el Programa de Apoyo para los Poseedores Afectados (Proapaon), para el pago de las indemnizaciones de los derechos de la propiedad de la tierra.

Pero el conflicto social para la construcción de la Línea 12 sigue en aumento por las torpezas y el poco tacto político con que se han conducido las instancias involucradas del gobierno perredista de la Ciudad de México.

Por ejemplo, hace unos días elementos de Seguridad Pública, a cargo de Manuel Mondragón, desalojaron violentamente por lo menos a 400 personas que se negaban a abandonar sus propiedades, pues estaban amparados.

Las denuncias del desalojo ya se presentaron y se procesan ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que preside Emilio Álvarez Icaza.

En las seis delegaciones por la que circulará la Línea 12, existen más de 30 organizaciones civiles, ONG’s, grupos ecologistas, asociaciones vecinales y universidades que se oponen a la construcción de este medio de transporte.

Algunas de ellas son el Frente de Pueblos del Anáhuac, Ecomunidades, la Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México, Defensa de la Naturaleza, Respira Ambiente y Centro de Análisis e Investigación.

Asimismo, investigadores de la Facultad de Economía de la UNAM, Guerreros Verdes, Ejidatarios de Tláhuac y los vecinos de las delegaciones Magdalena Contreras, Coyoacán, Iztapalapa y Benito Juárez.

La administración de Marcelo Ebrard argumenta que la adquisición de los terrenos de la discordia fue a través de una acción concertada con los propietarios legalmente acreditados.

Dicen que quienes se oponen a la compra de los terrenos provienen de otras zonas de la ciudad, incluso aseguran que tienen identificados a activistas que provienen del Estado de México y Morelos.

La tensión social en delegaciones como Tláhuac va en aumento porque la Línea 12 está generando una demanda de agua y provocado la especulación con las tierras que están alrededor de las 20 estaciones que la integran.

La Secretaría de Gobernación, que encabeza Fernando Gómez Mont, publicó ayer las prebases de la licitación del Servicio Nacional de Identificación Personal. El nombre no dice mucho, pero se trata de la cédula de identificación.

Ya durante el sexenio de Vicente Fox se intentó sacarla. Sin embargo el proyecto quedó atrapado entre Gobernación, entonces comandada por Santiago Creel, y Hacienda, capitaneada por Francisco Gil Díaz.

Esta dependencia empujó su famoso proyecto Fornum, que aunque estaba más enfocado al ámbito financiero, aspiraba a ser una cédula de identificación. El caso es que al final del sexenio la Función Pública echó abajo la licitación.

Con nuevos bríos el gobierno impulsa esta plataforma cuyo objetivo es acabar con las suplantaciones de personas y acotar los fraudes y actos de corrupción que genera la inexistencia de una base de datos confiable.

No se parte de cero, si considera que 80 millones de registros ya están cazados entre el Registro Público y la Clave Única del Registro de Población (CURP), que fungirá como “la llave” del nuevo sistema.

La intención ahora es montar en esos 80 millones la información estratégica complementaria que garantizará la inviolabilidad de la cédula, esto es: fecha, lugar de nacimiento, fotografía, las huellas de los diez dedos de la mano y el iris.

Las prebases, que estarán abiertas diez días para comentarios, tienen la finalidad de asignar a un consorcio la labor de incorporar esa información, construir y administrar el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (SAIB).

Se licita la adquisición de servidores, bases de datos, almacenamiento, servicio de telecomunicaciones, de transición, acompañamiento, operación y administración del SAIB, integración de bases de datos y aplicaciones.

Asimismo, el servicio del centro de datos, de seguridad, mesa de servicios, respaldo y recuperación, administración y monitoreo, soporte y mantenimiento. La inversión de este megaproyecto andará en los tres mil millones de pesos.

El prófugo Napoleón Gómez Urrutia sigue perdiendo fuerza y cada vez son más los que le dan la espalda, ya que se han dado cuenta que sus acciones al frente del sindicato minero están encaminadas a resolver sus asuntos personales.

El Octavo Tribunal de Primer Circuito negó el amparo al gremio, en relación con la demanda de titularidad del contrato colectivo de trabajo aplicable a la Unidad Santa Bárbara de Minerales Metálicos del Norte, ubicada en Chihuahua.

Con ello quedó firme la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que lo transfirió al nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y beneficio de Minas de la República Mexicana.

Los 800 trabajadores de la Unidad Santa Bárbara decidieron abandonar el liderazgo del sindicato que capitanea Napito por considerar el poco apoyo que su dirigencia brindó a la base obrera.

Con este, ya son siete los amparos de igual número de unidades mineras del Grupo México que le son negados a la organización que lidera Gómez Urrutia y, por ende, ratificados los recuentos a favor del nuevo sindicato.

Sólo falta resolver a las autoridades la octava demanda de amparo correspondiente a Nueva Rosita, Coahuila.

El 8 de julio pasado le dimos cuenta en este espacio del nuevo conflicto en el que se había metido el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Humberto Armenta, por un convenio con el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa.

Hubo un manejo poco claro en la asignación de contratos a constructoras para supervisar la rehabilitación de escuelas. El dirigente fue llamado por el Consejo Consultivo, integrado por los 17 ex presidentes del gremio. De ese episodio derivó que Armenta firmara su carta de renuncia hace ya más de un mes, la cual se haría efectiva en el momento en que se lo pidieran.

Pues bien, ayer el regiomontano solicitó una licencia de cien días para no obstaculizar la auditoría de un tercero. Quedó como interino Eduardo Correa. Las elecciones en esa cámara son hasta marzo de 2010.


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No al BASURERO en Tláhuac, No al CIRE en Tlaltenco

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